Exdirectivos de Ford a juicio por crímenes de lesa humanidad durante la Dictadura Argentina

Los mataderos de Chicago inspiraron a Henry Ford, magnate del automóvil norteamericano, la cadena de montaje, una de las bases del capitalismo moderno que uniría rapidez y eficacia en la cadena de prodcución. Asimismo es de sobra conocida la relación que Ford mantuvo con el nazismo y su amistad con Adolf Hitler hasta tal punto que le fue concedida la Gran Cruz de la Orden Suprema del Águila Alemana en su 75 cumpleaños. Sin embargo las relaciones de la corporación Ford con el autoritarismo y las dictaduras no solo se quedaron con la alemania nazi. Al igual que muchas otras multinacionales el sector civil de las corporaciones desempeñó un gran papel en la implantación de la Dictadura Argentina de 1976.

Este martes pasado ha tenido lugar según ha informado la agencia Reuters un juicio contra esa complicidad que tuvieron los sectores civiles económicos, con los militares que detentaron el Gobierno de Argentina en aquellos años y llevaron a cabo un plan sistemático de desaparición de personas.

Los imputados en este caso por dicha complicidad son los antiguos directivos de Ford Argentina, Pedro Müller, exgerente de manufactura, y Héctor Francisco Sibila, ex jefe de seguridad; están acusados del secuestro y tortura de 24 trabajadores de la compañía en 1976, durante la última dictadura en el país.

El 24 de marzo de 1976 la empresa Ford Motor Argentina pasaba a ser objetivo y prioridad militar. Así lo aseguró vehementemente el entonces gerente de relaciones laborales Guillermo Galárraga a los delegados sindicales.

Lo que muchos no sabían es que un buen número de fábricas iban a ser protagonistas de la nueva política de producción llevada a cabo por la junta militar dentro de la estrategia de “guerra sucia” que iba a desarrollar el Estado Argentino junto a los grandes Grupos económicos y que contaba con la connivencia de EEUU.

Ya en 1975 se contaba con el precedente que supuso la reunión de José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino con el General Videla para expresarle la necesidad de rediseñar el modelo de trabajo y productividad en las fábricas de la nación y la necesidad de que las Fuerzas Armadas aseguraran el “imperio del orden sobre todas las cosas”.
Ese mismo año el empresariado argentino comenzó a organizar junto a los militares el futuro golpe con el visto bueno de la Iglesia Católica y la mediación del presidente de Citroën, Jaime Perriaux. Así dio comienzo una de las más crueles complicidades civiles en el terrorismo de estado implementado en todo el país suramericano.

En las fábricas según las denuncias, los militares deambulaban libremente y detenían a quienes, previamente marcados por la empresa, consideraban “subversivos”. Eran trasladados al quincho de deportes del predio donde las Fuerzas Armadas habían montado su campamento y luego a las comisarías de Tigre e Ingeniero Maschwitz, bajo la jurisdicción de Camps. Allí eran torturados e interrogados.

Elizabeth Gómez Alcorta, abogada querellante en la causa que se está llevando a cabo actualmente, asegura en sus investigaciones que la convergencia de intereses de las fuerzas represivas y el empresariado se explica en que los asalariados habían logrado captar un 48% del ingreso nacional, de ahí que el Estado utilizase el terrorismo para modificar el patrón de acumulación. Era una manera de eliminar a la disidencia política y al mismo tiempo disciplinar a la clase obrera.

La Corporación FORD llevó a cabo la entrega de datos específicos de trabajadores para que se llevara a cabo su secuestro y cuando los secuestrados ya habían sido legalizados y puestos formalmente en cárceles, la compañía los despidió “con causa”. De ese modo, la multinacional al igual que otras eliminaron toda resistencia sindical y se ahorraron las indemnizaciones por despido. Al mismo tiempo se implementó una fuerte presión sobre las familias para garantizar su silencio.

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